El PSOE echa de Navarra a 173 guardias civiles pero mete a 145 a espaldas de sus socios nacionalistas

El Gobierno de Navarra ha pospuesto la salida precipitada de casi 200 miembros de la Guardia Civil de su Agrupación de Tráfico. El vicepresidente navarro Javier Remírez anunció hace pocos días que la transferencia de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial prevista para el 1 de diciembre quedaba aplazada sin fecha por «cuestiones técnicas». Mientras tanto, otros 145 agentes llegaban a la Comunidad Foral destinados a labores de seguridad ciudadana durante los próximos dos años.

Parecía que en 2021 el Gobierno socialista de María Chivite, con el apoyo de los nacionalistas de Geroa-Bai y de Podemos y los votos favorables de EH Bildu en su investidura, apretaba para que la Guardia Civil de Tráfico saliese de Navarra en el menor plazo posible, a finales de este mismo año. La Junta de Transferencias se autoimpuso el 1 de diciembre como fecha clave tras alcanzar PSOE y PNV este acuerdo a finales de 2019. Gracias a este pacto el PNV votó a favor de Sánchez durante la moción de censura para suceder a Rajoy.

Pero la realidad es bien distinta. No sólo los 173 agentes de la Agrupación de Tráfico se quedarán todavía unos meses, por lo menos el primer semestre de 2022, sino que Navarra ha recibido otros 145 necesarios para reforzar la seguridad de esa comunidad autónoma.

A pesar de todo, la Guardia Civil ha tenido que sufrir el desprecio del Gobierno foral socialista para mantener contentos a sus socios nacionalistas e independentistas vascos. El último incidente ha sido no aceptar a Policía Nacional y Guardia Civil de la sala de coordinación de emergencias del 112 donde se reciben las llamadas por accidentes y de socorro en toda la comunidad. Esto significa que los dos cuerpos dependen de la Policía Foral para su coordinación. Es decir, la Guardia Civil de Navarra y la Policía Nacional no pueden acceder en tiempo real a una emergencia por una decisión política que perjudica a los ciudadanos navarros. Ante este escándalo operativo, el coronel jefe de la Guardia Civil en la IX región, José Santiago Martín Gómez propuso la creación de una sala común sólo de cuerpos policiales para que se atendiese la llamada de socorro de la manera más rápida posible. Ahora mismo Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal tienen sus propias salas de coordinación y sólo conocen la situación de sus propios agentes. El 112 sólo contacta con la Policía Foral, que decide sobre la marcha qué cuerpo se hace cargo de la incidencia, pero sin saber la ubicación de la patrulla de Guardia Civil o de Policía Nacional más próxima, puesto que la información de sus GPS no es compartida.

Los 1.600 agentes de la Benemérita en Navarra también han tenido que asistir atónitos a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que llegó a afirmar que «ningún guardia civil va a salir de Navarra», quizás desconociendo la propia legislación de Interior. En concreto, el artículo 50 del Real Decreto 470/2019 que aprobaba el Reglamento de provisión de destinos y que permite a los agentes tener preferencia para elegir destino si deciden no quedarse en Navarra. Esto  sucederá de manera mayoritaria, como han previsto las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ya que a los agentes se les permitirá integrarse en otras unidades de tráfico de la Benemérita en toda España.

Pero los problemas para retrasar la salida de los guardias de Tráfico son más «terrenales», al parecer el Gobierno navarro ha encontrado la negativa frontal de sus socios independentistas para ofrecer la famosa pasarela de la Policía Foral a los agentes de la Benemérita. La idea era que el guardia civil que desease dejar el Cuerpo y seguir patrullando las carreteras navarras podía hacerlo si pasaba a la Policía Foral, pero esto no agradó a los nacionalistas de Geroa-Bai, y mucho menos, a los socios de EH Bildu, que se han negado a que esto suceda. El problema es que esta posibilidad es un derecho recogido por la Ley Foral de Policías de Navarra, una legislación elaborada por la propia comunidad autónoma.

Otros problemas a los que se enfrentan las 173 familias de guardias civiles pasan por la elección de colegios para sus hijos, la rescisión de sus alquileres o la cancelación de las hipotecas que pagan en Navarra desde hace años, contratar mudanzas, estudiar los convenios colectivos de la Policía Foral y perder su condición de militares si decidieran quedarse, algo que no es un tema menor.

La improvisación ya ha sido criticada por asociaciones profesionales de la Guardia Civil como AUGC y JUCIL. La primera, ha reclamado sin éxito la condena del Gobierno navarro a la persecución que sufren sus compañeros en algunas localidades como Alsasua desde 2016 y los segundos iniciaron una campaña para impedir la cesión de estas competencias e incluso denunciaron que el 9 de marzo de 2021 varios agentes fueron destinados a la Agrupación de Tráfico de Navarra, después de saberse que existe un plan para dejar estas competencias. Así las cosas, parece que la salida de la Guardia Civil de Navarra se contempla como algo que ocurrirá, si ocurre, a largo plazo.